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Recientemente, la Inspección de Trabajo ha hechos públicas las estadísticas de los incumplimientos laborales en la Comunidad Autónoma y la organización política Izquierda Unida de León ha denunciado que la culpa de los incumplimientos laborales que se producen en la provincia la tienen “en gran parte” los empresarios leoneses, pero también la Junta y “sus políticas en contra de los trabajadores”.
Para Izquierda Unida, estas políticas del Gobierno de “derecha y ultraderecha” en materia de empleo se han basado fundamentalmente en beneficiar a los empresarios y en la ruptura del diálogo social, a la vez que se han recortado presupuestos para la promoción del empleo, o se ha acabado con el SERLA. “Vox justificó a principios de año el cierre del SERLA por cuestiones económicas, tras negarse en las cuentas autonómicas a financiar a una entidad que, en 2022, realizó 3.534 procedimientos de conciliación en conflictos individuales.”, explican.
Además, desde IU, piden a las asociaciones empresariales que tomen conciencia de la importancia que esto tiene a la hora de fijar población y que tomen decisiones para que esta situación no se repita en el futuro, ya que “tienen la responsabilidad directa en este tema.”
Entre las irregularidades más comunes se encuentran la contratación irregular, el incumplimiento de la jornada laboral, la falta de pago de los salarios y las condiciones de trabajo indignas.
«Los incumplimientos laborales son una forma de explotación que precariza las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras», ha denunciado la coordinadora de Izquierda Unida de León, Carmen Franganillo. «La Junta de Castilla y León, con sus políticas, está abandonando a los trabajadores de toda la CCA, y más específicamente, a los de León, dado que el número de infracciones sólo es superado por Valladolid, o por Burgos en algunos casos y es la provincia a la cabeza en cuanto a actuaciones, con 2.548, un 16,7 por ciento más que en el año anterior,».
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en León se detectaron 1.187 empleos irregulares en 2022, lo que supuso sanciones por un valor de 1,7 millones de euros y 152 infracciones. «Los trabajadores de León son los que están pagando las consecuencias de la falta de compromiso de la Junta con los derechos laborales», ha denunciado Franganillo. «Es urgente que la Junta tome medidas para garantizar los derechos laborales y acabar con los incumplimientos de los empresarios. Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Castilla y León ha abandonado totalmente a la clase trabajadora. Los trabajadores y las trabajadoras son los que están pagando las consecuencias de la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con los derechos laborales.”, continúa.
Para finalizar, desde Izquierda Unida de León se comprometen a seguir luchando por los derechos de la clase obrera en León, y a colaborar en cualquier movilización y reivindicación que se convoque en este sentido, frente a un empresariado y un Gobierno en CyL que fomentan el retroceso en derechos.
