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Una vez más, el Ayuntamiento de León parece ser permisivo con la solicitud de la mercantil AGUAS DE LEÓN para incrementar el precio de las tarifas del agua, cuya materialización ha sido favorecida por el nuevo concepto legal para la prestación de este servicio: prestación patrimonial pública no contributiva. Concepto que supone una modificación por parte del Ayuntamiento a las condiciones iniciales del concierto en beneficio principalmente de la concesionaria.
Esto significa que las subidas de tarifas, a la que la entidad se opone y que ya no son tasas, no requieren justificación y pueden incrementarse, como en este caso, de forma que consideran abusiva, injustificada y no acorde con las medidas que se están llevando a cabo desde otras administraciones, incluido Gobierno de España, para contener la inflación y la subida de precios.
Una mera propuesta aprobada por el Consejo de Administración de AGUAS DE LEÓN se va a usar como base para esta subida. Subidas anteriores de las tasas ya se han considerado ilegales por los Tribunales de Justicia a iniciativa de esta Cámara, y anuladas por falta de justificación suficiente, concepto este que, entienden, debería presidir cualquier incremento de tarifas, aunque se haya cambiado su concepción legal.
La Cámara de la Propiedad Urbana de León insiste en que las Administraciones no deben incrementar aún más la presión fiscal y no fiscal sobre el ciudadano y considera que debe oponerse a ello con todos los medios legales a su alcance. Es más, los ciudadanos de León nunca han sido compensados por esas subidas declaradas ilegales y que se aplicaron en los recibos que todos pagamos, lo cual no deja de suponer un enriquecimiento injusto para la entidad gestora e, indirectamente, también para el Ayuntamiento.
La sociedad ha asistido en estos últimos años a un incremento generalizado de los precios de energía eléctrica, gasóleo, gas natural, alimentación, etc., a la que no debe sumarse el Ayuntamiento sin justificar adecuadamente esa necesidad, y más tratándose de un bien considerado de primera necesidad.
Del mismo modo, la Cámara considera que el Ayuntamiento es consciente de ello, que en su día se justificó la gestión privada del servicio de aguas con argumentos como que iba a suponer una mejora en las infraestructuras, una reducción de costes y una rebaja de tarifas. Hasta ahora la realidad parece ser la contraria, al menos en los que a la rebaja de tarifas se refiere.
Existe una razón adicional por la que se oponen a la subida: el precio que se cobra a los ciudadanos debería cubrir el coste del servicio y no servir de lucro a la empresa privada asociada al Ayuntamiento, es decir, a un particular, y al propio Ayuntamiento. Año tras año se presentan beneficios, a pesar de que con la recaudación se está haciendo frente a la devolución por el Ayuntamiento de 25 millones de euros a la mercantil AQUONA S.A.U. (en origen AQUAGEST, S.A.) a razón de un millón de euros anuales, importe que nunca se destinó a la mejora del servicio sino a sufragar gastos generales municipales, ajenos al objeto de la recaudación y que está sirviendo para incrementar artificialmente los ingresos de la mercantil que gestiona el servicio.
Tanto el TSJ de Castilla y León como el Tribunal Supremo calificaron ya en 2017 y 2018 como “vicio de desviación de poder” que el Ayuntamiento utilizara sus potestades administrativas para alcanzar unos fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, refiriéndose a este incremento de la tasa, hoy prestación patrimonial pública no tributaria, con la exclusiva finalidad de incrementar los ingresos de AGUAS DE LEÓN para poder hacer frente a la citada devolución de los 25 millones de euros de canon inicial que recibió el Ayuntamiento y que no se destinaron a la mejora del servicio de aguas.
Ángel Luis Valdés, presidente de la Cámara de la Propiedad: “En nuestra opinión, que estamos seguros comparten la mayoría de los ciudadanos de León, el Ayuntamiento no debe permitir esta subida de las tarifas del agua, ni es momento, ni está justificado. La administración más cercana no puede defraudar la confianza de los ciudadanos y caer en el recurso fácil de incrementar ingresos públicos de esta forma, sino que debe centrar sus esfuerzos en la máxima eficacia en la gestión de los recursos al servicio de los vecinos”.
