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El vicepresidente de la Junta, junto con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, han mantenido este lunes una nueva reunión con la Mesa de la Automoción de Castilla y León. Durante el encuentro, convocado por el vicepresidente en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y que se prolongó durante dos horas, se abordaron –entre otras cuestiones— los desafíos a los que se enfrenta el sector en el marco geopolítico actual y el impacto de la norma comunitaria de emisiones Euro 7.
La Junta quiso reiterar ante el sector su pleno apoyo y disposición a defender la automoción de Castilla y León “en todas las instancias necesarias”, conscientes de su valor estratégico en la economía y el empleo de la Comunidad. Ante la entrada en vigor de la Euro 7, la preocupación por parte de la Mesa de la Automoción de Castilla y León fue notoria. Destacaron la inquietud del sector ante la nueva norma de emisiones, el primer gran escollo que tiene la Comisión de Transporte, y que contempla nuevos límites de emisiones para óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos, metano y amoniaco.
La entrada en vigor de la Euro 7 afectará a todo vehículo nuevo de primera matriculación desde el 1 de julio de 2025 y sume en un profundo desconcierto al sector, por cuanto impone adaptaciones de la producción de elevada cuantía, que quedarían de nuevo obsoletas si finalmente se produjera la prohibición de la comercialización de los coches gasolina y diésel en 2035.
Además, para los productores parece imposible que en poco más de año y medio puedan abordar las distintas pruebas de homologaciones y sus correspondientes certificaciones.
El vicepresidente de la Junta manifestó su deseo de consensuar con todos los presentes un documento de conclusiones que sirva de base para defender desde la unidad los intereses del sector en Castilla y León y alertar, “con la máxima fuerza”, al Gobierno de España y a la Unión Europea de un grave problema que provocará, según los fabricantes de automóviles, el cierre de líneas de producción y plantas en todo el continente.
García-Gallardo reiteró su preocupación ante las posibles consecuencias que esta normativa pueda tener en el empleo, tanto en el sector de la automoción como en sus industrias auxiliares, y reiteró el compromiso de la Junta por defender las demandas de productores y trabajadores en todas aquellas instancias concernidas. En este sentido, pidió al Gobierno de Sánchez que “deje de castigar a las regiones más leales con España” y que piense “en la economía, las empresas, los trabajadores y sus familias a la hora de legislar”.
La desventaja de Europa frente al empuje industrial de China; la escasez de semiconductores, los costes de los transportes, de energías y de materias primas; o las condiciones y certezas que pueda ofrecer el nuevo PERTE, que en la última convocatoria dejó sin adjudicar alrededor de 2.200 millones de euros en el PERTE VEC han sido otros de los asuntos tratados en la Mesa de la Automoción de Castilla y León.
