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Por lo pronto, debe procederse con la liquidación de la parte mixta (SERFUNLE S.A.) del servicio y la decisión de la gestión
Con esta decisión firme se confirma que el contrato de SERFUNLE se trató de un contrato nulo de pleno derecho porque Memora ha estado percibiendo desde el 2003 una media de 600.000-700.000 euros anuales por un canon que no existía en el pliego de contratación, es decir, en 20 años Memora ha cobrado ilegalmente más de CATORCE MILLONES DE EUROS.
Esto demuestra que el coste del servicio se incrementa cuando el objetivo de este servicio público se convierte en obtener beneficios para una empresa privada –la parte privada, en este caso la empresa Mémora–.
Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo quiere reconocer y poner en valor la labor de los técnicos funcionarios del Ayuntamiento de la Mancomunidad pues gracias a sus informes se ha podido iniciar este proceso de nulidad de un contrato que nunca debió haber sido aprobado por los grupos políticos responsables en la Mancomunidad y que ahora nos ha llevado a esta situación. Es importante destacar esta labor que hicieron en función de la legalidad, el interés público y el bien común y que ha permitido la liquidación definitiva de SERFUNLE S.A.
Izquierda Unida de San Andrés recuerda que el resto de grupos decidieron expulsar a la concejala Eloina Terrón, representante de IU en la Mancomunidad de Serfunle, precisamente por hacer un seguimiento estricto y persistente en las reuniones de la Mancomunidad.
A pesar de que en varios plenos de San Andrés del Rabanedo, la concejala Eloina Terrón pidió expresamente comparecer ante el pleno para exponer públicamente la situación de Serfunle, no pudo hacerlo por los votos en contra de los concejales de esos grupos políticos.
Cuando fue sustituida como representante en SERFUNLE tampoco se permitió que la segunda concejala de Izquierda Unida, Laura Fernández, ocupara dicha representación. A pesar de que en posteriores legislaturas Izquierda Unida de San Andrés solicitó volver a ser representante de SERFUNLE los votos en contra de estos partidos políticos lo impidieron.
Finaliza Laura Fernández diciendo “Izquierda Unida siempre hemos exigido responsabilidades políticas, técnicas y penales por esta mala gestión, y seguiremos exigiéndolas, estemos o no como representantes de la Mancomunidad, aunque nos enteremos por la prensa y no por los representantes que legalmente nos deberían informar. Con esta declaración firme de nulidad, Izquierda Unida exigirá que sea gestionado de forma directa por la Administración y no vuelva a concederse ningún contrato que, como la realidad demuestra, sale mucho más caro a los vecinos y vecinas”.
Por último sorprende que esta decisión firme del Tribunal Supremo haya sido ocultada públicamente hasta el momento, según la concejala de Izquierda Unida esta formación política se ha enterado por la prensa.
