Ahora León / Izquierda Unida
Desde Izquierda Unida y el grupo Coalición en Común, con la mayor consideración a la labor de la UDEF y con el máximo respeto hacia la presunción de inocencia de las personas investigadas o llamadas a declarar en la trama enredadera, considera que es muy grave que el ciudadano Juan Carlos, que fue elegido como diputado por su pertenencia al grupo político Ciudadanos, siga aferrándose a sus cargos de diputado y concejal cuando hasta el propio partido al que pertenece le ha exigido que deje todos sus cargos públicos o le echará.
Por eso Izquierda Unida y En Común exigen que todos los grupos políticos de la Diputación de León sean coherentes con sus declaraciones de honradez, integridad y transparencia de los cargos públicos y de una lucha sin cuartel contra la corrupción y se unan a Izquierda Unida para exigirle al ciudadano Juan Carlos para que presente su inmediata dimisión como tal, dado que no solo el juez le ha puesto en libertad con cargos, tras prestar declaración en los juzgados de Badalona que investigan la operación ‘Enredadera’, sino que su propio partido Ciudadanos se lo exige.
Por decencia política, por coherencia y por ética el ciudadano Juan Carlos Fernández, que permanece en la causa como ‘investigado’, antigua figura de imputado, debería dimitir inmediatamente como diputado. Esto sería al menos coherencia personal y política, pero ya hemos comprobado cómo se aferra a su acta como concejal en el municipio de San Andrés del Rabanedo y no parece dispuesto a dimitir ni siquiera en la actual situación procesal en la que se encuentra.
Por eso Izquierda Unida y En Común exigen tolerancia 0 con la presunta corrupción, como todos los partidos se apresuran a declarar, pero que luego en la práctica no parece aplicarse con excesiva diligencia cuando les afecta. Por eso, instan a todos los partidos políticos en la Diputación para que se unan a la demanda de Izquierda Unida y En Común y exijan sin paliativos la dimisión de este “diputado” investigado y con cargos en la trama enredadera.
La política no es un ejercicio de beneficio personal, sino de representación de la ciudadanía y de servicio al bien común. Cuando cualquier representante elegido es investigado y el juez le imputa cargos en una trama de presunta corrupción e incluso su propio partido ha comunicado su expulsión, no podemos ser cómplices con quienes han quedado ya investigados y con cargos judicialmente. Pues la decisión judicial tiene que estar basada obviamente en indicios o sospechas de delito suficientemente fundamentados.
Resulta llamativo que un partido como C´s, con tan solo tres años desde su implantación en la provincia de León, y que teóricamente, según sus declaraciones, venía a “regenerar la política”, tenga ya implicados a dos de sus miembros más destacados (uno de ellos diputado provincial) en esta trama. Parece ser que sus declaraciones de supuesta regeneración quedan muy en entredicho.
Es muy preocupante el mapa de la corrupción en esta provincia y especialmente en la Diputación. Además de la llamada «operación enredadera», cabe recordar también que ahora mismo están abiertos varios juicios, y en alguno de ellos el ministerio fiscal pide penas de entre siete y ocho años de prisión para representes políticos que actualmente no solo siguen en activo, sino que incluso gobiernan su municipio, como es el caso por ejemplo del ex presidente de la Diputación y actual alcalde de Cuadros, Sr. Barazón, o el alcalde de Puebla de Lillo y ex diputado, y un técnico de la Diputación.
La ciudadanía de esta provincia, tan golpeada por la crisis y cuya juventud tiene que emigrar, no se merecen esto. Además, toda esta situación causa un grave daño a la democracia, ya que produce una fuerte desafección en la ciudadanía, que pierde la confianza en la política, pues considera que solo se utiliza para servir a intereses privados y particulares, en lugar de ser la herramienta de que nos hemos dotado para organizar la vida en sociedad y velar por el bien común.
